Las fallas de mercado y la generación de externalidades son temas que se pueden analizar ampliamente desde la perspectiva del medio ambiente. Como es bien sabido, la generación de externalidades negativas, ocurre cuando el sistema de mercado (por medio de la determinación de precios) es incapaz de “privatizar” los costos reales del consumo y/o producción de un bien o servicio. De esta forma, los costos marginales sociales son mayores que los privados. Justamente, el resultado final de este fenómeno implica que el bienestar de terceros se vea afectado por las acciones privadas de uno o varios agentes. De esta manera, los costos son exteriorizados hacia la sociedad pero los beneficios siguen siendo privados.
Un ejemplo claro de este tema es la contaminación del agua y/o el aire, donde los derechos de propiedad no están bien definidos y el principio de exclusión no es aplicable; por lo tanto, no es tan fácil o viable “privatizar” los costos reales asociados al consumo de dichos bienes y/o distribuirlos entre los diferentes países del mundo. De esta forma, dada la no exclusividad de estos recursos naturales, es probable que los países no revelen sus verdaderas preferencias en relación con el cuidado del medio ambiente, ya que es plausible la existencia del “free rider”, que al no exponer la información real de sus preferencias, intentará que los demás paguen por un bien que beneficiará a todos.
Así, analizándolo desde esta perspectiva económica, es posible entender como a nivel global se han generado problemas significativos como el fenómeno del cambio climático, que ha sido confirmado por muchos científicos alrededor del planeta, sin lograr acuerdos verdaderamente vinculantes entre los países.
Conociendo estas circunstancias y ante la falta de una solución de mercado, pareciera que la corrección de dichas fallas o externalidades debería que ser liderada o gestionada a través de los gobiernos y de las acciones organizadas de los países. No obstante, en la realidad, esto suma una mayor complejidad al problema, ya que esto provoca, que las decisiones asociadas a la generación de compromisos ambientales entre las naciones, estén fuertemente atadas a los vaivenes del entorno político mundial y a la presencia de fuertes tensiones entre los países, dada la divergencia de intereses según sus diferentes niveles de desarrollo. Tal es el caso del fracaso de la Cumbre de Copenhague del 2009 que puede explicarse fácilmente a través de este razonamiento.
La pasada Cumbre pone de manifiesto la disyuntiva entre una mayor sostenibilidad o un crecimiento más acelerado. Es claro que los países de primer mundo, principalmente de la Unión Europea, optaron por defender con mayor fuerza la protección del medio ambiente y la utilización de tecnologías más limpias, pero también más caras. Este primer grupo tenía expectativas de generar un acuerdo altamente vinculante, donde se indicaran y cuantificaran todos los objetivos relacionados con la reducción de emisiones de gases y el calentamiento global. Sin embargo, aunque este pareciera el grupo de los “buenos” no debemos olvidar que estas naciones tuvieron que utilizar, en algún momento de su desarrollo, tecnologías “sucias” pero “baratas” para llegar a donde están hoy y no obstante, siguen criticando muy fuertemente a los países en desarrollo que no quieren convenios que puedan restringir su crecimiento y progreso. ¿Es entonces una doble moral la que estamos viendo en este caso? ¿No es acaso este problema una externalidad negativa actual, resultado de su proceso de industrialización y desarrollo del pasado?
Por otro lado, tenemos los países emergentes, como China y la India, que no desean ver comprometido su crecimiento de los próximos años y rechazan cualquier acuerdo de carácter vinculante. Es claro que, para este segundo grupo, el tema ambiental no es una prioridad a corto o mediano plazo, como sí lo es el crecimiento y la productividad. A pesar de esto; dichos países tienen que mantener una cierta imagen de compromiso con el ambiente a nivel internacional y no es raro ver declaraciones de los mismos, indicando que la cumbre fue todo un éxito.
De la misma forma, es sencillo concluir que el acuerdo podría declararse mucho más de “ayuda económica” que “ambiental”, ya que se pactó una ayuda de 30.000 millones de dólares para los países en vías de desarrollo como instrumento de corto plazo de adaptación al cambio climático y transferencia de nuevas tecnologías. Además, se tomaron otras medidas de mediano y largo plazo dentro de la misma línea de ayuda y financiamiento; no obstante, es claro que este parecía ser el objetivo menos importante de dicha reunión.
De esta manera, luego de la tan esperada Cumbre de Copenhague, solo se llegó a un acuerdo insuficiente, no vinculante, que no indica cifras para la reducción del CO2 y que fue prácticamente redactado y creado por 5 países (China, India, Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos); las demás naciones solo “tomaron nota” del mismo. El acuerdo refleja claramente los intereses de las economías emergentes, dejando de lado a grandes actores, como los países miembros de la Unión Europea, que tenían mayores expectativas sobre los resultados que pudieron haberse alcanzado.
Así, la falta de voluntad política, los distintos estados de desarrollo de los países y la incapacidad del sistema de mercado ponen de manifiesto uno de los retos más grandes del período actual, relacionado con el medio ambiente y la convergencia de políticas y estrategias que puedan llevarnos hacia acuerdos que puedan beneficiarnos a todos.
